Los detalles son los que marcan la diferencia. También con el precio de la luz y, aunque, la legislación europea es estricta permite excepciones y da cierto margen de maniobra para intervenirlo en determinadas circunstancias.
El precio de la luz a 140 y como es habitual todos miran para otro lado. Nadie se quiere atribuir la responsabilidad de la subida y eso es normal. Lo que ya es algo menos es que tampoco haya acuerdo sobre a quién le toca mover ficha primero. No es nada fácil. El eléctrico es un sector tan complicado que cualquier acción no solo tiene su reacción, sino que, además, puede tener graves consecuencias. Solo para hacerse una idea… La posición de una coma en la redacción de una Orden Ministerial puede mover cientos de millones de euros. Demasiado complicado. Así, cualquier movimiento, por pequeño que sea, debe ser calculado hasta el más mínimo detalle. Ahora todo gira en torno a lo mismo. A si es posible regular o no los precios del mercado y aquí sí hay acuerdo. Todos coinciden en que hay poco margen de maniobra.
Difícil, pero no imposible. Sería posible llevarlo a cabo porque precisamente hay detalles que pueden marcar la diferencia. Eso sí, extremando las precauciones. Sin embargo, como ha dicho Jorge Morales de Labra a Antena 3 Noticias, solución inmediata y duradera solo queda ya una. Intervenir directamente en las reglas de juego del mercado mayorista de electricidad. Es la única vía, pero hay que tener en cuenta que es imposible llevarla a cabo sin tocar los beneficios de las grandes eléctricas. Compleja decisión a la que además hay que sumarle la legislación europea. La misma para todos los países de la Unión y no se puede romper. Por eso, ante el más mínimo cambio hay que andarse con pies de plomo. Cualquier queja o demanda de una compañía eléctrica a la larga podría suponer un gran problema.
Europa es estricta, aunque hace excepciones. De hecho, hace no mucho recordaron que ya se disponen de suficientes herramientas para intervenir el precio de la energía. Permite aplicar a los estados miembros algunas salvaguardias con mediación pública en las tarifas de clientes vulnerables o compensar a las empresas que más consumen. No hay duda que existen normas de obligado cumplimiento, pero también dispensas. Por un lado, son las compañías eléctricas las que fijan el precio y por otro son los Gobiernos los que deben garantizar la competencia. Eso hay que respetarlo, pero además se permiten poner en marcha medidas estructurales para modularlos y limitar su impacto en determinados colectivos. Importante tenerlo presente porque eso da cierto espacio para empezar a trabajar.
Desde ayudas a las pequeñas y medianas empresas para compensar por el mayor precio de los derechos de emisión de CO2 que está arrastrando al de la luz, hasta ampliar el bono social. En cualquier caso, esto tampoco solucionaría el verdadero fondo del problema. Como tampoco lo seria crear una empresa pública de energía al menos de forma inmediata. Además, ya sea estatal o privada no sería la solución definitiva porque no acabaría con la especulación que se hace con algunas de las más importantes fuentes de generación. Eso sin contar con que no tendría efecto a corto plazo. Así que, sí que hay margen de maniobra, pero es tan estrecho que hay que andarse con cuidado. La diferencia puede estar en detalles tan pequeños como la posición de la coma de la Orden Ministerial que puede mover millones de euros.
