Multiplicar por cuatro la factura del gas. De algo más de 150 euros a casi 700 y, aunque las compañías han comunicado el cambio de tarifas personalmente sigue faltando claridad en las notificaciones de las energéticas.
“…preocupación por los altos precios de la energía…”, Teresa Ribera. “Los consumidores que desconocen qué tarifa tienen pueden estar pagando hasta cuatro veces más”, FACUA. “… recomendable pasarse a la TUR”, Jorge Morales de Labra.
No han pasado ni unos meses… y ya han llegado los primeros sustos. 700 euros de factura que se ha llegado a multiplicar hasta por cuatro. Instituciones y organizaciones lo avisaron y da igual que la factura se mire por el anverso que por el reverso que el importe es correcto, pero inasumible para muchos. La solución es fácil: cambiarse de tarifa o de compañía. Eso sí, en las comunidades de propietarios no tienen tanta suerte. Allí no es tan sencillo. No es solo cosa del gas. También pasa con la electricidad. Exactamente igual. Recibos que de repente se duplican sin haber realizado ningún consumo extraordinario. Incluso, al contrario. Aplicando medidas de eficiencia energética. No hay que darle muchas más vueltas. Todo es porque se han actualizado y renovado los contratos.
Las comercializadoras tienen la obligación de notificarlo, pero a veces esa comunicación no llega nunca o se pierde. Direcciones desactualizadas, al buzón de spam u olvidadas sobre la mesa… y el cambio se produce de forma unilateral y automática. No es necesario dar respuesta alguna ni consentimiento expreso. Simplemente se actualiza y punto. Eso en el mejor de los casos porque para los que sí que la reciben es indescifrable por la cantidad de datos que contiene.
La falta de claridad en la notificación del cambio de tarifa podría suponer el incumplimiento que obliga a todas las empresas a hacerlo de forma clara y transparente cualquier modificación en los términos del contrato.
La legislación vigente establece la obligatoriedad de que las comercializadoras del mercado libre comuniquen con claridad y transparencia las subidas de precios en la renovación de contratos. Algo que no ocurre en la mayoría de las ocasiones. El problema es que si un cliente no se da de baja antes de la fecha de vencimiento la actualización es inmediata. Sin embargo, tal y como ha explicado Jorge Morales de Labra en Cadena SER, eso no deja en situación de vulnerabilidad al cliente. Más bien todo lo contrario. Exigir notificación de la recepción del cambio de condiciones resolvería los contratos de forma anticipada. Así, dejaría al consumidor sin suministro y en una posición más complicada. Por tanto, lo relevante al recibirla es tener un mayor conocimiento del mercado energético en términos prácticos.
Es decir, hay que tener una idea más o menos aproximada de lo que se está pagando. Sobre todo, en lo que se refiere al término de consumo que es el que suele ser más relevante. Tener un orden de magnitud para comparar. Como mínimo saber cuánto le cuesta el kWh del gas y el precio en la tarifa regulada. Así está claro. Si por el contrato está a 14 céntimos o más y en la TUR a 7… No hay más hablar. Los números saltan a la vista. Por este motivo, lo fundamental es la información que se da a los consumidores. Más completa y relevante. Sin ir más lejos, que el comparador de la CNMC no solo muestre la oferta actual de una determinada compañía sino también un histórico de cómo estaba unos meses atrás y la diferencia.
El mayor déficit en la legislación no es la claridad sino la transparencia y lo que hay que exigir es hacer un seguimiento más exhaustivo de los precios ofertados por las compañías en todas las tarifas que estén vigentes.
Sencillo, comparaciones completas y, sobre todo, con sentido y referencias. Pero en ausencia de lo uno y de lo otro las reclamaciones a las eléctricas y gasistas se acumulan en los buzones de las organizaciones de consumidores. Mientras, tanto el Ministerio de consumo como la CNMC se centran exclusivamente en que las energéticas se ciñan a la legislación vigente sin atisbo de que se vaya a producir ningún tipo de modificación en la legislación.
