Desde 2015 hasta 2018 la normativa española sobre autoconsumo era la más restrictiva del mundo. Además de numerosas cargas burocráticas, muchas de la cuales ya han desaparecido, se incorporó un cargo por los servicios del sistema que, justificado como una suerte de peaje de respaldo, obligaba a pagar por la energía que cada cual producida para sí mismo (la que iba del tejado al frigorífico). Este polémico cargo se denominó coloquialmente “impuesto al sol”.

En la actualidad la ley garantiza que la energía renovable autoconsumida no estará sujeta a cargo ni peaje alguno.

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