Todo a la vez no se puede. O más recaudación para mantener las medidas de ahorro y atenuar los efectos de la crisis, o más inversión de las empresas en energías renovables. La clave del impuesto a las energéticas puede estar en encontrar el término medio.
Extraordinario y temporal. Dos años y, probablemente, algo más. Sin embargo, antes de saber si se debe prorrogar, o por el contrario finalizar, lo mejor es saber un poco más sobre el impuesto a las empresas energéticas. Este nuevo impuesto llegó básicamente para financiar o pagar todas las medidas que se pusieron en marcha para paliar el efecto de la crisis, precisamente, energética sobre los consumidores y conductores. Es decir, para ayudarles a pagar los combustibles y la electricidad cuyos precios se dispararon tras el inicio de la guerra en Ucrania. No tenía sentido que mientras subían sin parar tanto usuarios como el Estado hicieran un esfuerzo para que al final las empresas que los suministran se llenaran los bolsillos. Sin duda, los grandes beneficiados de la situación. A mayor coste de la energía sus beneficios también aumentaban.
“Importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no beneficios extraordinarios. Si no es así la fiscalidad se puede corregir o modular, pero ya no se estaría hablando de otra cosa”. Teresa Ribera.
Así, el impuesto a las energéticas sale directamente de todos estos beneficios extraordinarios, que se incrementaron bastante por este motivo en 2022, pero no se aplica a todas las empresas del sector. Solo a las que facturan más de 1.000 millones de euros que básicamente son cinco. Las más conocidas de todas. Endesa, Naturgy, Iberdrola si se habla de electricidad y también Repsol y Cepsa en el caso de los combustibles. A pesar de que el precio de la energía y esos ingresos caídos del cielo han bajado bastante… sigue habiendo argumentos para mantenerlo un poco más en el tiempo y prorrogarlo. De entre todos destaca uno y es que es uno de los puntos clave del acuerdo de investidura que firmaron PSOE y Sumar. El segundo es económico. En solo un año se ha conseguido recaudar más de 1.600 millones.
“Si las empresas españolas están sometidas a una mayor fiscalidad incluyendo un impuesto que no tienen las francesas o las portuguesas para instalar renovables o producir hidrógeno tendrán que irse fuera…”. Antonio Brufau.
Y la verdad es que siguen haciendo falta para financiar todas las medidas de ahorro y eficiencia energética. Por otro lado, están los que consideran que debe acabar ya mismo. Hasta la Comisión Europea ha dejado caer que ya no tiene sentido porque todos esos beneficios que se pretendían gravar con el impuesto ya no existen. O al menos en la misma magnitud que durante el pasado año. La razón es que el precio de la energía, especialmente del gas, se ha reducido bastante. Pero, como es lógico, las que más se oponen son las propias compañías. Aseguran que con esta reducción de sus ingresos se ven comprometidas sus inversiones en otras tecnologías como renovables e hidrógeno verde. Hasta algunas han dicho que se podrían ir de España porque así los altos costes las coloca en una clara desventaja competitiva.
