Es empezar a hablar de contaminación, transportes e impuestos y la cosa empieza a fallar. Lo de que pague más quién más contamine no se cumple, pero para que la transición y cambio de modelo energético funcione debería ser así.
¡Abróchense los cinturones porque más de uno va a despegar de su asiento! Gesto que hay que hacer siempre sea cual sea el medio de transporte que se utilice, pero el motivo es otro. Y es que por sorprendente que parezca los más contaminantes no son los que más impuestos pagan. Al menos en lo que se refiere a la proporción con el precio. Todo lo contrario. El que menos paga es el que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera y con mucha diferencia. Por supuesto, ese es el avión con más de 100 kg. de dióxido de carbono y 10% de IVA porque lo tiene reducido. Casi nada comparado con los vehículos de gasolina en el que más del 50% son impuestos directos. Tipo general y encima el Especial de Hidrocarburos. Lo mismo pasa con el coche eléctrico, aunque el porcentaje es algo menor.
Si con la electricidad los impuestos suponen casi un tercio de la factura total con los carburantes puede ser aún peor. Incluso más de la mitad del precio dependiendo del combustible.
Pues, de todos estos datos solo hay una lectura posible, como ha explicado Jorge Morales de Labra en Cuatro al día de Cuatro TV. Sí, solo una. Así, lo que refleja la política fiscal española en materia energética es una total incoherencia. Eso, si lo que se quiere es aplicar el principio de que el que más contamine pague más. Si realmente fuera así, sería el avión el transporte que más impuestos tenga y no los combustibles. También el que más contribuya a la recaudación de las arcas de Estado en el cambio de modelo energético. Lo contrario no tiene sentido. Y eso que aún no se ha tenido en cuenta el coste de las infraestructuras. Algo muy relacionado, por cierto, con los peajes que están de actualidad. El pago por uso de las autopistas que tanto está dando que hablar últimamente a cuenta de los fondos europeos.
Salta a la vista. El diésel y la gasolina no solo son los que más impuestos pagan en proporción con el coste total del viaje, sino que también lo hacen por el uso de la infraestructura. Por eso habría que darle una vuelta al sistema. La razón es sencilla. Si con los impuestos que paga el coche eléctrico se quieren recaudar los 10.000 millones de euros, que se perciben con el Especial de Hidrocarburos… ¡mucho va a tener que subir la electricidad para compensar la diferencia! Tendrían que multiplicarse sus impuestos por 4 o por 5 y no pueden ser. Precisamente por eso se ha empezado a hablar de peajes. Que pague… quien use las autopistas. Por eso, antes de emprender una reforma, hay que buscar la correcta relación entre impuestos y contaminación.
Transformar el actual parque automovilístico de vehículos de combustión a coches eléctricos supondrá un incremento de la demanda eléctrica de aproximadamente el 25%.
Eso sí, el tema de los peajes es diferente. Afectará por igual tanto a los más contaminantes como a los que menos emisiones de CO2 generan y de eso se trata precisamente. De que en el camino hacia la transición energética y el coche eléctrico no influya en la recaudación para mantener la infraestructura. Es decir, que carreteras y autopistas se paguen por uso independientemente de la tecnología. Sin embargo, el mayor de los problemas no está ahí. Toda la reforma fiscal tiene sentido desde un punto de vista energético, pero tampoco hay que olvidar el impacto social de las medidas propuestas. Por un lado, está claro que el futuro es electrificar el transporte. No hay duda. Mucho más barato y menos contaminante. Mayor eficiencia, se mire por dónde se mire.
Pero, por el otro hay que tener en cuenta, que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder a la tecnología. Los 35.000 euros que puede llegar a costar un coche eléctrico, sin ser de alta gama ni mucho menos, es una barrera importante para muchas familias. No es tan raro que haya algunas con un vehículo diésel de más de 20 años que ni siquiera puedan pensar en sustituirlo por otro más económico. Cuando no salen las cuentas, no hay manera… No se debe dejar a nadie atrás. Ni se les puede exigir que hagan una inversión a la que no pueden hacer frente ni tampoco subir el precio del gasóleo. Falta una pieza en todo esto. Una compensación social a quien no puede unirse a la transición y solo es posible mediante la correcta asignación de costes.
