Consecuencias económicas del “no” al decreto antiapagón
El Congreso tumba el decreto antiapagón y se activan consecuencias millonarias: suben los costes para consumidores e industrias, se frena la inversión renovable y aumenta la incertidumbre en plena transición energética.
Lo que parecía un raro consenso en el sector energético español se ha venido abajo en cuestión de horas. El Congreso ha tumbado el llamado decreto antiapagón, una norma urgente impulsada por el Gobierno para garantizar la seguridad del suministro tras el apagón del pasado 28 de abril. El texto contaba con el respaldo de todos los actores del sector, desde las grandes eléctricas hasta los pequeños productores renovables. También lo apoyaban organizaciones ecologistas y expertos en transición energética. Pero no fue suficiente. El resultado ha sido que el decreto ha quedado derogado. Así, ahora, se activan una cadena de consecuencias millonarias, técnicas y estratégicas que afectarán a consumidores, empresas y al futuro de las renovables en España.
Impacto directo en la economía
Pese a la carga política del debate, el decreto tenía un componente técnico muy claro. Buscaba reforzar el sistema eléctrico tras el apagón, otorgar seguridad jurídica a nuevas instalaciones renovables y ampliar los plazos de conexión a red de proyectos que estaban a punto de caducar. Sin esa ampliación, cientos de proyectos en marcha, algunos casi terminados, perderán automáticamente su derecho de acceso a la red. Algo que implica poder perder la inversión realizada.
Solo esta semana podrían evaporarse 3.000 millones de euros, según estimaciones del propio sector. Y a medio plazo, la situación es aún más delicada. Hasta 200.000 millones en inversión renovable podrían irse a otros países, ante la incertidumbre normativa y la falta de respaldo legislativo. No es una cifra cualquiera. Es la columna vertebral de la descarbonización del sistema energético español.
Otras consecuencias económicas del “no” al decreto antipagón
Derogar el decreto tiene otras derivadas. En primer lugar, el precio de la electricidad. El refuerzo del sistema que impulsaba la norma incluía medidas para estabilizar el mercado eléctrico. Al no salir adelante, la factura de la luz para las grandes industrias, como la siderurgia, la química o el papel, subirá entre un 3% y un 12%, según fuentes del sector. Un golpe directo a su competitividad en un momento clave.
Consecuencias económicas del “no” al decreto antiapagón – La Sexta Noticias (23 de julio de 2025).
Además, el decreto apostaba por desarrollar infraestructura crítica como las baterías eléctricas, esenciales para almacenar energía renovable y garantizar la estabilidad del sistema. El retraso en su regulación frena la implantación de esta tecnología en España y frustra miles de empleos asociados a su fabricación y despliegue. El sector renovable es uno de los principales motores del empleo verde, con puestos de trabajo cualificados y ligados a la economía del futuro. Este frenazo podría derivar en una pérdida de oportunidades difícil de recuperar.
Así, el mensaje que recibe el mercado es de inseguridad. Los inversores que habían apostado por España como hub renovable en Europa ahora ven cómo una norma técnica, clave para proteger su inversión, no supera el trámite parlamentario. Y sin reglas claras, el capital se va.
Consecuencias económicas del “no” al decreto antiapagón – La Sexta Noticias (23 de julio de 2025).
Se estima que la factura subirá hasta un 12% porque… Mientras tanto, el sistema eléctrico continúa operando en modo reforzado tras el apagón, con un uso intensivo de gas natural, más costes para los consumidores y una menor penetración de renovables. El decreto ofrecía un marco para corregir este desequilibrio. La transición energética necesita estabilidad, consenso y decisiones valientes. Lo que ha ocurrido con el decreto antiapagón es justo lo contrario. Un aviso de lo mucho que queda por hacer… y de lo mucho que se puede perder si no se actúa a tiempo.
