Apuesta por un modelo basado en renovables, con energía al alcance de todos y de acuerdo con sus costes reales. Más bajos, pero de los que hoy no se benefician los consumidores. Estos son los mecanismos de la reforma del sistema eléctrico para conseguirlo.
Para hacer posible el objetivo hay dos mecanismos. El primero son los llamados PPAs. Es decir, como su propio nombre indica por sus siglas en inglés, Power Purchase Agreements, son contratos privados entre las partes. Suena raro, pero ya son bastante habituales. Sin ir más lejos, son muy conocidos los casos de Google, Microsoft, Amazon… y también los de algunos de los más grandes centros de datos. Llevan años firmando este tipo de acuerdos con empresas que producen con renovables. Pueden ser del tipo que sean. Con las compañías históricas, que todo el mundo conoce, o con otras más pequeñas que están emergiendo en el sector. Una herramienta muy útil que permite obtener energía limpia a largo plazo y a un precio prefijado, pero su importancia va mucho más allá.
Los PPAs son contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo entre un productor y un consumidor corporativo, empresas y organizaciones, que han tenido una gran implementación en los últimos años como consecuencia de los cambios regulatorios.
En definitiva, un contrato entre un gran productor, normalmente una central solar, eólica o esencia renovable, y un consumidor o grupo de usuarios que deciden adquirir la energía que producen, con grandes ventajas para las dos partes. Permite obtener electricidad muy barata, por debajo de los precios del mercado, y además se garantiza que no va a experimentar cambios en un periodo de tiempo definido. Sin subidas, bajadas ni ningún tipo de oscilaciones. Más seguridad y estabilidad en un contexto de crisis energética e incertidumbre. Interesante y muy efectivo también para los productores. Mayor facilidad para conseguir la inversión inicial y seguridad de unos ingresos rentables. Así de sencillas son las PPAs.
La segunda de las opciones también es conocida por sus siglas en inglés CFD. Sí, los llamados contratos por diferencias de los que tanto se ha empezado a oír hablar en el sector. Muy similares a los anteriores excepto porque el comprador en vez de tratarse de una empresa privada es el propio Estado quien la adquiere. Eso de forma genérica porque, en realidad, técnicamente son todos los consumidores. Dicho de otra manera, sería como socializar la compra de energía y esto es precisamente lo que el Consejo de Europa ha aprobado esta semana. Salvo con una diferencia. Así, en la mayor parte de los casos cuando se construya una nueva central renovable, que no venga ya con un contrato privado PPA bajo el brazo, estarán sometidos a un CFD.
Hacer posible lo imposible. Dejar de pagar toda la electricidad en bloque al precio más caro para empezar a hacerlo por lo que realmente cuesta. Fuente a fuente. Exactamente igual que cuando se va a comprar al mercado…
La clave de la propuesta es sacar al gas del sistema de fijación de precios. Así, como suena. Tan sencillo como sacarlo de la ecuación. Fácil, directo al problema y muy efectivo. Ya no toda la electricidad se pagará como si se tratase de la fuente más cara. Eso, si es que finalmente se implementa este modelo. Cada tecnología tendrá su propio precio en base a sus costes reales. Esto quiere decir que la que proceda de las centrales de ciclo combinado y térmicas, las que funcionan con gas y carbón, tendrán una retribución en base al coste de estas materias primas. Exactamente igual que hasta ahora. No cambia, pero la parte que sí se modifica es lo que se pagará a las renovables. Para establecerlo se realizará una subasta a largo plazo que asegure que puedan cubrir de sobra sus costes de producción.
Lo justo, más un margen que permita que no se desincentive la inversión en estas tecnologías, pero a su vez que tampoco dispare el precio final. Es decir, que si generar la electricidad les cuesta 25 puedan recibir, por ejemplo 40, pero nunca 500
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